Se les concede, de manera excepcional, a los inmuebles que no se han conectado aún un nuevo plazo de 1 mes para ejecutar las obras de enganche al saneamiento municipal.
El Ayuntamiento de Carreño ha trasladado un requerimiento a las comunidades de propietarios de la calle Carlos Albo en Candás que tienen pendiente el enganche a la red de saneamiento existentes. Estas viviendas están requeridas desde el verano de 2014, a raíz de los vertidos detectados en la playa Palmera ese verano, y que conllevaron la prohibición de baño.
“Teniendo en cuenta que llevan más de cuatro años incumpliendo los requerimientos realizados, el Ayuntamiento está obligado a reiterar la necesidad de regularizar la situación de la red de saneamiento de la calle Carlos Albo. Además, tanto la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Gijón de junio de 2016 como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de noviembre de 2016 declaran ajustada a derecho la orden dictada por el Ayuntamiento”, explicó Cecilia Tascón, concejala de medio ambiente.
“Aunque los vecinos que no se conectaron alegan que son obras que no se pueden ejecutar, tal y como recoge la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo, la obra tiene la misma complejidad que pudiera tener la que realizaron para el inmueble sito en el nº 18. Inmueble de la misma calle que ya cumplió lo ordenado en el verano de 2014 y está conectado a la red”, señaló la concejala de medio ambiente.
“En julio de 2018 se les requirió nuevamente y se les apercibió de que en caso de incumplimiento se valoraría la obra a ejecutar y se iniciaría el procedimiento para la imposición de multas coercitivas, hasta un máximo de 10, de reiteración mensual hasta que se produzca el cumplimiento de lo ordenado. Emitidos los informes técnicos de valoración del coste de la obra, se dictó esta nueva resolución, en la que de manera excepcional se les concede aún un nuevo plazo de 1 mes para ejecutar las obras de enganche al saneamiento y se advierte de que transcurrido ese mes se impondrán multas de 1.800 en el caso de una comunidad y de 2.4000 en el caso del resto, en función de la obra a ejecutar”, concluyó Cecilia Tascón.
Albandi
