Este martes 3 de marzo en Candás, el Consejero
de la Presidencia, Guillermo Martínez, y la Directora de Justicia e
Interior, Encarnación Vicente, visitaron el Juzgado de Paz de
Candás. En el transcurso de la visita realizaron sendos
pronunciamientos en defensa de un servicio público, gratuito y
cercano, de los Registros Civiles, y del papel que deben seguir
jugando los Juzgados de Paz, sesenta en Asturias, que dan cobertura a
más de 200.000 habitantes.
El consejero de Presidencia advierte de
que este proceso no debe poner en riesgo un servicio público que
beneficia a más de 200.000 asturianos/as
Guillermo Martínez cifra en 1,9
millones la inversión realizada en la última década en estos
órganos judiciales
El Gobierno de Asturias exigirá al
Ejecutivo de Mariano Rajoy que la reforma de la Ley del Registro
Civil respete la actual implantación territorial de los juzgados de
paz, con el fin de garantizar un servicio público que se presta a
más 200.000 personas en Asturias. Así lo ha asegurado hoy el
consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo
Martínez, durante su visita al juzgado de paz de Carreño, donde ha
asegurado que, además de las mejoras tecnológicas y organizativas
previstas, esta reforma debe velar por el mantenimiento de estos
órganos judiciales en su actual configuración y con las mismas
competencias y la estrecha vinculación que tienen con los
ayuntamientos.
Martínez ha advertido de que el
necesario proceso de modernización de la Administración de Justicia
“no debe hacerse a costa de poner en riesgo el mantenimiento de un
servicio público fundamental para Asturias”, sobre todo en los
municipios de menor tamaño donde no existen oficinas del Registro
Civil.
Los 60 juzgados de paz con los que
cuenta Asturias permiten tramitar asuntos tan esenciales como la
expedición de certificados, partidas de nacimiento o fes de vida.
Además, como ha recordado el titular de Presidencia, desempeñan un
importante papel en materia de conservación y custodia de
documentación histórica gracias a los libros del registro, que
datan de 1871 y contienen el patrimonio humano de cada municipio, lo
que los convierte en una institución de gran interés social.
El Principado ha defendido siempre la
continuidad del Registro Civil como un servicio público, gratuito y
cercano a la ciudadanía y, por tanto, la continuidad de los juzgados
de paz como registros auxiliares o delegaciones ubicadas en los
municipios rurales y con menor población. Para su mantenimiento, ha
destinado 1,9 millones de euros en la última década, una dotación
que se distribuyó conforme al número de habitantes y que muestra el
compromiso del Ejecutivo autonómico con los pequeños municipios de
ámbito rural, ha asegurado Martínez.
El consejero también ha justificado la
defensa de la distribución actual de los juzgados de paz porque se
trata de elementos de cohesión territorial en los municipios más
afectados por fenómenos demográficos como la despoblación y el
envejecimiento. En Asturias existen 36 órganos judiciales de este
tipo en concejos de menos de 7.000 habitantes, parte de ellos
integrados en agrupaciones de secretarias que dan servicio a más de
un municipio. Su continuidad es esencial para que los ciudadanos
dispongan de servicios vinculados al Registro Civil sin necesidad de
desplazamientos a poblaciones urbanas”, ha precisado.
Guillermo Martínez y la directora
general de Justicia e Interior, Encarnación Vicente, fueron
acompañados por la alcaldesa del municipio, Amelia Fernández y
ediles del gobierno; el juez de paz del concejo, Juan Ramón García,
y el presidente de la Asociación de Jueces de Paz de Asturias,
Manuel Ángel López.
“En el juzgado de Paz de Carreño
trabajan 3 funcionarios : el Secretario del Juzgado de Paz, un
Auxiliar Judicial y una trabajadora del cuerpo de gestión. Los
cuáles junto con el Juez de Paz prestan un servicio público
encomiable al vecindario de Carreño sin que tengan que desplazarse a
otra localidad. Si se siguen restando competencias a los juzgados de
paz, el escaso volumen de competencias llevaría inequívocamente a
la supresión de los juzgados de paz. Por ello, pedimos al Gobierno
de España que no menoscabe los servicios que vienen prestando de
justicia de proximidad, que los modernice y digitalice para que no
caigan en el olvido por falta de competencias y/o puedan ser
sustituidos de un plumazo por unos servicios comunes de
notificaciones y embargos. Si se les siguen restando competencias al
final sólo sería meros notificadores. En Carreño no hay oficina
del Registro Civil y en nuestro juzgado se da un servicio gratuito a
todo el vecindario de la zona urbana y rural de calidad. Servicio al
que no queremos renunciar” – afirmó la alcaldesa.
Albandi
